Imputaron a 15 personas por una presunta red de certificados falsos para acceder a pensiones por discapacidad en Salta

La acusación fue presentada por el fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, ante el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy. El magistrado otorgó un plazo de un año para avanzar con la investigación y dispuso, por ese mismo período, la anotación de litis sobre los bienes de los imputados.

La pesquisa se centra principalmente en las localidades de El Quebrachal y Joaquín V. González. Según la hipótesis de la fiscalía, existía un circuito que comenzaba con la captación de personas interesadas en acceder a las pensiones y continuaba con la emisión de certificados médicos falsos, la alteración de estudios y la incorporación de diagnósticos de enfermedades inexistentes.

Entre los acusados se encuentran los médicos José B., Humberto B., Julio O., Luis V., César Ramiro Blanco, José Wilson Muñoz Torres, Roberto Bernardino Morales y Francisco Gerardo Orellana, además del exgerente del hospital de El Quebrachal, Oscar Luna. Orellana actualmente se desempeña como diputado provincial por Anta.

También fueron imputados el exjefe de la oficina de ANSES de El Quebrachal, Edmundo Dante Salazar; el bioquímico Luciano Benjamín Esteban; los empleados municipales Manuel Rolando Córdoba, Estela Mary Romano y Luis Casares; y un comerciante identificado como Hugo M.

Según el rol atribuido a cada uno, la fiscalía les imputó los delitos de asociación ilícita, fraude contra el Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación comenzó en julio de 2024 y avanzó tras la realización de 26 allanamientos en viviendas, consultorios, hospitales, clínicas privadas y oficinas municipales.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, durante esos operativos se secuestraron teléfonos celulares, documentación y listados con personas que presuntamente habían pagado para tramitar pensiones, a pesar de que el procedimiento es gratuito.

Parte de los dispositivos ya fue analizada y, según la acusación, los mensajes permitieron reconstruir los vínculos entre los investigados e identificar listas de personas que habían abonado dinero o que aún mantenían deudas por esos trámites.

La fiscalía sostiene que algunos solicitantes eran derivados a consultorios y clínicas privadas relacionadas con los imputados, donde se emitían diagnósticos de patologías como Chagas, diabetes o afecciones en la columna, con porcentajes de incapacidad suficientes para cumplir con los requisitos exigidos para acceder al beneficio.

En el caso del bioquímico Luciano Benjamín Esteban, la acusación indica que habría utilizado estudios pertenecientes a pacientes que realmente padecían determinadas enfermedades para incorporarlos en expedientes de otras personas.

Uno de los roles señalados en la causa es el de Hugo M., propietario de un kiosco ubicado cerca del hospital de El Quebrachal. Los investigadores sostienen que desde ese lugar captaba posibles beneficiarios, modificaba documentación y realizaba las gestiones por Internet.

La imputación también considera que Edmundo Dante Salazar cumplía un papel importante dentro del presunto esquema, ya que habría facilitado el acceso al sistema de ANSES para personas ajenas al organismo, permitiendo cargar documentación.

Otro de los ejes de la investigación apunta al supuesto cobro de dinero a personas en situación de vulnerabilidad económica. Según la fiscalía, los montos superaban los $300.000 y, en algunos casos vinculados a gestiones o renovaciones, podían llegar al millón de pesos.

La acusación sostiene que algunas personas solicitaron préstamos o vendieron animales y otros bienes para afrontar esos pagos.

Respecto de Francisco Gerardo Orellana, el fiscal Amad afirmó que, durante su gestión como intendente de Joaquín V. González entre 2007 y 2011, avaló trámites de personas que no reunían los requisitos para acceder a las pensiones. Además, sostuvo que en períodos electorales habría ofrecido ese beneficio a cambio de votos.

Aunque la audiencia se enfocó en el departamento de Anta, la investigación podría ampliarse. A pedido de la fiscalía, la Gendarmería Nacional elaboró un informe que señala que alrededor de 9.000 de las 39.715 pensiones no contributivas por discapacidad vigentes en la ciudad de Salta presentarían documentación apócrifa, incompleta o incumplimientos de los requisitos establecidos.

Sobre esa base, el fiscal estimó un impacto económico de $3.240 millones por mes y cerca de $40.000 millones al año.

La causa se desarrolla bajo el sistema acusatorio federal, vigente en la provincia de Salta desde junio de 2019. En ese esquema, el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo la investigación, mientras que el juez de garantías interviene en las medidas que requieren control judicial. En ese marco, Amad formalizó las imputaciones y Anzorreguy fijó el plazo de un año para continuar reuniendo pruebas.