Halliburton ratificó que no operará en Malvinas ni en el proyecto Sea Lion tras la ofensiva legal y diplomática de la Argentina
La multinacional de servicios petroleros se sumó a SLB y Baker Hughes al confirmar que no participará en la exploración ni explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La decisión responde a las presiones de la Cancillería, que advirtió a las firmas globales con la inhabilitación para operar en Vaca Muerta.
La decisión de Halliburton y el impacto en las petroleras
El compromiso: La firma estadounidense Halliburton (con sede en Houston) ratificó formalmente a las autoridades argentinas que no trabajará en el proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas o sus aguas circundantes. Su filial local ya había adelantado esta postura el pasado 5 de septiembre, tras una cadena nacional y las advertencias del presidente Javier Milei.
Precedentes: Esta ratificación sigue la misma línea adoptada en septiembre por SLB (ex Schlumberger) y Baker Hughes. Estas tres compañías concentran la mayor parte de la capacidad técnica global para perforaciones offshore de la magnitud que requiere Sea Lion.
El peso de Vaca Muerta: La Cancillería distribuyó cerca de 180 notificaciones formales a empresas globales de servicios petroleros advirtiéndoles que cualquier colaboración con Sea Lion las dejaría inhabilitadas para operar en Vaca Muerta (Neuquén), yacimiento que produce más de 600.000 barriles diarios.
Acciones judiciales y el frente internacional
Cautelar en Tierra del Fuego: A mediados de septiembre, la jueza federal Mariel Borruto dictó una medida cautelar ordenando a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender cualquier acto material en el proyecto (perforaciones, infraestructura y extracción) por carecer de una evaluación de impacto ambiental validada por la Argentina.
Denuncias penales: El canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco firmas vinculadas a Navitas Petroleum y sus subsidiarias (como Eco Oil & Gas) por operar sin autorización en la Cuenca Malvinas Norte, enfrentando penas de hasta 15 años de prisión y 20 de inhabilitación. El proceso sancionatorio alcanza a unas 60 personas y empresas de diversos países.
Arbitraje internacional: El pasado 30 de agosto, la Argentina notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo la CONVEMAR, otorgando un plazo de 14 días para frenar la explotación. Ante la falta de respuesta, el Gobierno evalúa avanzar con una demanda formal ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.