Denuncian penalmente a empresas pesqueras que operan en el Mar Argentino con licencias británicas desde Malvinas
La presentación judicial, radicada en el fuero Penal Económico, acusa a directivos de corporaciones internacionales de contrabando y afectación a la soberanía, sumándose a las causas impulsadas por el Gobierno debido a la explotación hidrocarburífera en el Atlántico Sur.
La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió este lunes una denuncia penal contra directivos, administradores y representantes legales de diversas compañías pesqueras internacionales y sociedades mixtas que explotan recursos vivos marinos en el mar argentino utilizando autorizaciones de autoridades británicas desde las Islas Malvinas.
Presentada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio (integrantes de la organización Reset Republicano), la causa quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway. Los denunciantes sostienen que estas actividades afectan la soberanía del Estado nacional, el control aduanero y los recursos naturales de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
Las empresas señaladas y el delito de contrabando
La denuncia individualiza a corporaciones de origen español (principalmente de Galicia) que operan con licencias británicas consideradas ilícitas mediante sociedades mixtas en las islas:
- Lanzal: Vinculada a Petrel Fishing Company Ltd. (Monteferro).
- Grupo Pereira: Asociada a Argos Group Ltd. (Argos Cíes y Argos Berbés).
- Pescapuerta: Relacionada con South Atlantic Squid (Falcon, Prion y Robin M. Lee).
- Copemar: Vinculada a South Atlantic Squid (Hadassa Bay).
- Ferralmes: Asociada a Castelo Fishing Co. (Castelo).
- Hermanos Touza: En sociedad con Beaufort Fishing Ltd. (Hermanos Touza).
- Moradiña: Vinculada a Polar Ltd. (New Polar Playa de Sartaxens).
Según el escrito, las maniobras configuran contrabando amparado en dos conductas: la evasión del control aduanero (extrayendo riqueza para exportarla o descargarla en Puerto Argentino o terceros países sin fiscalización) y la clandestinidad mediante un ardid para eludir derechos de exportación y regímenes cambiarios. Todo ello encuadra en los artículos 863, 864 (inciso a) y 865 del Código Aduanero de la Nación.
Asimismo, se solicitó investigar un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público por la presunta omisión de vigilancia y cobro de aranceles, requiriendo oficios a la Prefectura Naval, el INIDEP, la Aduana y la Inspección General de Justicia.
Antecedentes con el sector hidrocarburífero
Esta presentación corre en paralelo a las denuncias presentadas por la Cancillería en el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py por las actividades hidrocarburíferas en Malvinas. Dicha causa gubernamental identifica a 27 empresarios y ejecutivos, e incorpora a firmas como Rockhopper Exploration, Borders & Southern, y profundiza la pesquisa sobre personas vinculadas a Navitas Petroleum y Eco (Atlantic) Oil & Gas.