(Documental Nunca Jamás en Venezuela: Fallecidos por protestar. Dirigido por: Claudia Smolansky y Juan Vicente Manrique)

La represión de los cuerpos de seguridad del Estado, comandados por Nicolás Maduro, ha dejado un saldo de 240 muertos en los últimos cuatro años. 42 personas murieron en el 2014, 163 en el 2017 y 35 en lo que va de 2019. Nunca Jamás en Venezuela: Fallecidos por protestar, narra la historia de 10 venezolanos que perdieron la vida durante la jornada de más de cuatro meses de protestas que se desarrolló en el 2017 en contra de un gobernante que, en el presente, es calificado como usurpador del poder, tras unas elecciones ilegítimas, siendo desconocido por más de 40 países en el mundo.

En el 2017 los venezolanos salieron masivamente a las calles en rechazo a las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las cuales desconocían a la Asamblea Nacional – cuya mayoría está conformada por diputados opositores – y habilitaban al poder Ejecutivo a legislar en cualquier aspecto sin ningún tipo de aval. Desde el 1 de abril hasta el 30 de julio, 163 venezolanos murieron mientras protestaban pacíficamente. Su ausencia es irreparable. Los familiares se mantienen en luto y solo tienen un objetivo: conseguir la libertad en Venezuela para evitar otros hogares en duelo por pensar distinto.

Augusto Puga

Augusto Puga no se caracterizaba por ser un joven partícipe en las protestas. Sus padres dicen que fue «la persona equivocada, en el lugar equivocado». Aunque, también piensan que no debería calificarse como error el hecho de que una persona haya caminado entre una manifestación pacífica universitaria para dirigirse a su casa. Pero, en la Venezuela de Nicolás Maduro, cualquier paso en la calle «equivocada» puede ser mortal.

Augusto era un joven tranquilo, estudioso y trabajador, que como muchos venezolanos buscaba las distintas formas de superarse económicamente a pesar de las adversidades. Era él, el que intentaba organizar las finanzas en su hogar. Su papá, César Puga, rememora entre risas sobre cómo su hijo le decía: Papá invierte este dinero, ahorra esto, haz aquello. El dólar subió a tanto».

Además de estudiar Medicina, tenía sangre de comerciante. Aspiraba tener una empresa a los 23 años de edad, es decir, solo le faltaba un año para cumplir esta meta sino hubiese sido disparado por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 24 de mayo del 2017 en las afueras del Decanato de la Universidad de Oriente (UDO) en Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

Ese mismo 24 de mayo del 2017, Augusto llamó a su madre para pedirle dinero. «Listo hijo, ya te transferí», le dijo a las nueve de la mañana. «Gracias mamá, te amo», respondió. «De nada, hijo», intentó finalizar Carmen de Puga la conversación. «Pero dime que me amas, mamá», le insistió Augusto de forma jocosa. «Déjame tranquila, muchacho gafo. Te amo». Estas fueron las últimas palabras que intercambiaron. A las cuatro de la tarde recibió una llamada de una joven que le informó que a su hijo le habían disparado.

Augusto Puga estuvo desangrándose por casi dos horas en el mismo lugar. Entre ráfagas de tiros, la PNB no permitía el desplazamiento de ninguna persona. Aunque observaban ciudadanos heridos, no detuvieron los disparos y no permitían el traslado a las instalaciones hospitalarias.

Puga falleció a las siete de la noche. Al principio, el hospital tenía la orden de no ofrecer atención médica a ningún protestante. Finalmente, cuando accedieron, no contaban con los insumos médicos para atender la herida.

Ambos padres se regresaron a su casa porque el cuerpo debía ser estudiado por el Ministerio Público. Sin embargo, a las pocas horas recibieron una llamada en la que insistieron que debían regresar urgentemente a la clínica porque los cuerpos forenses, sin presencia de fiscales, colocarían en el informe que Augusto Puga había fallecido por una caída desde una viga.

“Yo lo admiraba. Me llenaba de orgullo. Él iba a ser mi doctor. Yo no lo creía, pero sabía que lo iba cumplir, porque todo lo que él se proponía lo lograba”, comentó César Puga

Hasta la fecha no se han realizados las investigaciones correspondientes. Los responsables se mantienen impunes.

David Vallenilla

David Vallenilla, también era el orgullo de su padre, quien tiene su mismo nombre. La última vez que se vieron fue un Día del Padre, que, en el 2017, fue un 18 de junio. David era enfermero y tenía 22 años cuando lo asesinaron.

Eran cerca de las cuatro de la tarde del 22 de junio de 2017 en la Autopista Francisco Fajardo cuando distintos manifestantes vieron a David utilizando un gaza blanca sobre su boca con la que se protegía de los gases lacrimógenos, unos lentes de natación para cubrir sus ojos y un morral donde llevaba el pote vacío del almuerzo.  «El reducido almuerzo que la situación del país le permitía tener», cuenta su padre.

Cuatro esferas metálicas traspasaron los órganos vitales de David: hígado, corazón y pulmones, el mismo día en que Nicolás Maduro reiteraba la prohibición de armas letales en las manifestaciones civiles y públicas. Los responsables fueron tres funcionarios de la Policía de la a Fuerza Aérea Nacional Bolivariana desde la Base Aérea de La Carlota.

“Hijo cuando salgas del trabajo agarra esta ruta, ten mucho cuidado. La calle está peligrosa. No te vayas a ir por Altamira”, le dijo su padre la última vez que se vieron.

 El papá de David tenía miedo de que su hijo protestara. Sabía que se enfrentaba ante una dictadura que solo calla al que se opone.

En su casa por los Valles del Tuy su padre, su tío y hasta los pájaros lo recuerdan. «Papá, papá», corean las aves un año después, ya que siempre escuchaban al joven llamar a su papá. Para David, su padre era su modelo a seguir. Cuando era un adolescente se rapó todo el cabello para imitar su calvicie.

Esta familia se encuentra, a más un año de los hechos, a la espera de un juicio hacia los responsables.

Lo único que pide el papá de David José es que no los olviden. Le pide a los jóvenes que, cuando tengan hijos, le cuenten las historias de las víctimas, las historias de David José, de Augusto, de Neomar. De todos los venezolanos que tan solo exigían un mejor país.

Neomar Lander

Neomar Lander era uno de los jóvenes más retratados por los fotoperiodistas durante la época de protestas. Se caracterizaba por sus ojos verdes, una franela alrededor de su boca, un bolso y su figura flaca. Junto a su madre, salían todos los días desde su casa en Guarenas hasta Caracas para ir a las calles a protestar. Cada quien tomaba su rumbo. Neomar siempre iba al frente con los de la llamada «resistencia».

Un 7 de junio del 2017, Zugeimar Armas no pudo regresar a su casa con su hijo de 17 años. Un Policía Nacional Bolivariano (PNB) le arrebató la vida al menor de edad mientras se encontraba por la avenida Libertador en Caracas.

Neomar era como cualquier joven que disfrutaba de la música y bailar. «Conquistaba el corazón de muchas. De hecho, tenía muchas noviecitas», dice con una sonrisa Zugeimar. En su cuarto se observa el casco con el que iba a manifestar y su bicicleta. Era amante de los deportes extremos.

«Es muy difícil lavar y no lavar la ropa de él. Cocinar y cocinar para tres nada más», lamenta Armas. Su hermana menor, Paola, lo extraña mucho. Ninguna de ellas se atreve a escribir el nombre de Neomar Lander en el buscador de Google. La búsqueda arroja más de 220 mil resultados y la mayoría muestra la escena del asesinato.

La última noticia que recibió Zugeimar Armas sobre el caso de su hijo fue en octubre del 2017 por parte del Ministerio Público. A más de un año del fallecimiento no se ha hecho justicia y tanto ella como su esposo resaltan la poca credibilidad que sienten ante esta institución.

¿Cómo podemos confiar si nos citan a los 4 meses de los hechos y no nos dan ningún tipo de respuesta? Supuestamente iban a hacer unas pruebas químicas de bombas lacrimógenas o que se yo para comprobar cuál fue la causa de su muerte. Pero la realidad es que no han hecho nada”, explica Zugeimar.

Además, entre frustración e impotencia, expresa que no han interrogado a ninguno de los miembros del piquete de policías que se encontraba ese día en el lugar de los hechos. Al momento de solicitar una explicación al Ministerio Público, lo único respuesta que obtienen es que el ente cumplió en enviar la citación a los presuntos responsables, pero ninguno ha respondido al llamado.

Zugeimar Armas es una mujer guerrera. Ella proclama que no parará de luchar hasta conseguir la libertad de Venezuela, solo así encontrará justicia. Narra que en el presente el Gobierno busca «limpiarse las manos» expresando que su hijo murió por la explosión de su propio mortero. Pero ha transcurrido un año desde la última vez que se reunió con el equipo del Ministerio Público y continúa observando un patrón: la denegación de justicia. No obstante, seguirá alzando la voz por Neomar y por los más de 150 jóvenes asesinados en las protestas de 2017.

Fabián Urbina

Fabián, al igual que Neomar, era menor de edad y murió por un disparo que ejecutó un oficial del Estado.

El 19 de junio de 2017, a las cuatro de la tarde en el distribuidor Altamira en Caracas, se encontraban un grupo de venezolanos manifestando pacíficamente, entre ellos, un adolescente de 17 años llamado Fabián Urbina Barrios.

Ese mismo día, su padre, Iván Urbina, narra que lo llevó hasta el terminal de autobuses en Maracay para que tomara su transporte con dirección a Caracas. La última conversación que tuvieron por teléfono no fue efectiva y la siguiente, fue de su hermano anunciándole que se dirigiera inmediatamente a la Clínica Ávila.

A pesar de que el artículo 68 de la Constitución prohíbe el uso de armas en protestas, el funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), actualmente imputado, Johan Eduardo Rojas, decidió infringir la ley y su responsabilidad como cuerpo de seguridad del Estado, accionando un arma de fuego directamente sobre el cuerpo de Fabián Urbina.

Te puedo decir que perder a un hijo de la forma como lo perdimos nosotros, injustamente, asesinado por un militar, es algo que no se supera. Es obligatorio convivir con ese sentimiento, pero uno no lo supera”, comenta Urbina.

El joven ingresó a la clínica sin signos vitales y, según su protocolo de autopsia, falleció debido a un shock hipovolémico por hemorragia interna, producto del impacto en el tórax.

A pesar de que el resto del componente militar observó el ataque hacia un adolescente que lo único que deseaba era recuperar ese país que tanto le describía su padre, ninguno ofreció ayuda.

Johan Eduardo Rojas Díaz, fue imputado por la comisión de los siguientes delitos: homicidio intencional calificado, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales y omisión al socorro. Por otro lado, Raymond Antonia Silva León, y Jesús Alberto Báez fueron imputados por lesiones intencionales graves y uso indebido de arma orgánica. No obstante, el caso se encuentra paralizado. Las audiencias preliminares han sido deferidas numerosas veces. En el presente, el señor Urbina sigue esperando justicia y no ha obtenido respuesta.

Luis Guillermo Espinoza

Luis Guillermo Espinoza era aún menor que Fabián y Neomar. Contaba con tan solo 15 años cuando un Guardia Nacional Bolivariano (GNB) le disparó en la cabeza en Valencia, municipio San Diego, el 5 de junio del 2017. Su vida no culminó instantáneamente tras el disparo. Su madre, Zulmith Espinoza, vio a su hijo morir lentamente durante. Dos meses estuvo hospitalizado en un país sucumbido bajo la escasez de medicamentos. El 13 de agosto Luis Guillermo murió.

Este joven, amante del deporte, especialmente del fútbol, fue trasladado el mismo día del impacto a varios hospitales donde no le ofrecieron atención hasta que, finalmente, fue trasladado al Hospital Central de Valencia. Allí continuó la tragedia. Le realizaron una intervención quirúrgica, en la que le hicieron una limpieza del edema cerebral, pero sin extraer la bala que se alojaba en su cerebelo debido a las consecuencias mortales. Sin embargo, tuvo daños en su sistema cerebral, afectando su audición del oído derecho y su vista. Perdió completamente la visión.

A pesar de que eran días duros, Zulmith siempre le pedía una sonrisa a Luis. Esa sonrisa era su favorita y le transmitía serenidad. Le cantaba las canciones que más le gustaban y rezaba, rezaba mucho.

Luis estuvo en coma inducido por 21 días. Al transcurrir los días, su estado de salud se iba agravando. La misma contaminación del hospital ocasionó que se contagiará con bacterias. «Hasta tuvo gusanitos en sus oídos», lamenta Zulmith Espinoza. Por otro lado, la alimentación no era la adecuada ni fue suministrada correctamente. «Al final, mi hijo tuvo una desnutrición muy severa y eso no lo ayudaba a recuperarse», explicó.

En su casa lo lloran mucho. En especial, Zulmith y Mirla Castillo, abuela de Luis Guillermo, quien se enorgullece en decir que su comida era la predilecta de su nieto. «A ese le encantaban mis caraotas (frijoles). Solo las mías», comenta entre risas y lágrimas. Al mismo tiempo, recuerda cómo Luis Guillermo siempre buscaba alegrarla, la cargaba y bromeaba con ella.

Durante esos dos meses y medio, Luis mantuvo una fiebre alta la mayoría de los días. Su madre narra que, cuatros días antes de su fallecimiento, el centro hospitalario no contaba con los aparatos necesarios para realizarle un chequeo médico. En sus últimas horas sufrió cuatro paros respiratorios hasta que el último le ocasionó su muerte.

Zulmith Espinoza compartía el cuarto con su hijo. La nostalgia invade su cuerpo. Mientras muestra la cama de su único hijo dice «ya era muy pequeñita y mi hijo no era nada pequeñito, ya no cabía en su camita». En este espacio, pequeño, lleno de recuerdos, fotografías, juguetes de niños y medallas y trofeos, Luis compartía sus sueños con su madre. Se imaginaban cómo iba a ser la esposa de Luis Guillermo y cuántos hijos iba a tener.

“Yo siempre le decía que una de sus hijas le tenía que poner mi nombre. Pero a él no le gustaba mi nombre”, rememora Zulmith.

La injusticia de la muerte de Luis Guillermo se mantiene aunque no esté presente en cuerpo y alma. Al momento de realizarle la autopsia en la morgue, Zulmith Espinoza visualiza que la bala que se encontraba en el cerebelo no estaba. No la hallaron. «¿En qué momento pudo desaparecer?», se pregunta de forma ingenua. Tiene más de un año trabajando en el caso de su hijo, sin ningún tipo de ayuda legal. Ni siquiera le han asignado a un fiscal nacional. «Me niegan la justicia, no me quieren dar respuesta de nada», concluye.

Rubén Darío González

Rubén Darío González fue otro menor de edad que perdió su vida en el contexto de las manifestaciones de 2017. El día que murió, el 10 de julio de 2017, fue el mismo día en el que culminó el bachillerato. Celebró con su madre ese triunfo, considerando que vivía en un país, en el que la deserción escolar supera el 50% por la falta de servicios y por el abandono de los profesores, quienes, se ven obligados a abandonar las aulas, ya que, si acaso, reciben un salario mínimo que no alcanza para los gastos básicos.

El 10 de julio Rubén llegó entusiasmado a casa para enseñarle a su mamá lo que sus otros compañeros habían escrito en su franela: «Chávez no vive, la lucha sigue… La lucha de pocos, vale por el futuro de muchos», se lee sobre el beige de la chemise (camisa). Esta es una tradición que se realiza en Venezuela cuando los jóvenes terminan el colegio.

Pero, a la 5:45 pm, Rubén Darío fue trasladado a un centro asistencial e ingresó sin signos vitales. Su protesta por un mejor país en la Isabelica, Valencia, resultó en un proyectil impactado directamente en su pecho por un Guardia Nacional Bolivariano (GNB).

“Yo digo que esta situación tan terrible llevó a los jóvenes a salir a la calle. A pesar de todo, yo siempre intentaba conseguirle a mis hijos una frutica, sus verduras, en fin, sus comidas completas. Pero en los últimos tiempos no pude. Ya teníamos dos navidades sin comer hallacas y pan de jamón. Era muy triste. A veces yo ni me paraba de la cama y Rubén me decía ‘párese mamá, párese que si vamos a tener”, Recuerda Dexy, bajo el árbol de peras de su casa que era el favorito de Rubén.

Dexy recuerda a su hijo como un ser especial y maduro que, a pesar de las dificultades que enfrentaban como familia, no abandonaba las risas, el entusiasmo y la alegría.

A pesar de que se designó a la Fiscalía 20 de Carabobo para la investigación de lo sucedido, el caso sigue paralizado.

«Con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y la destitución de la Fiscal, las cosas fueron cambiando aún más. Ahora no tenemos a nadie que nos ayude y la realidad es que no podemos costear a un abogado», cuenta González.

Hablar de Rubén Darío no es fácil para esta madre. Sus ojos instantáneamente se impregnan de lágrimas pero, también enseña unas risas cuando recuerda los desayunos con su hijo en el patio bajo el árbol.

Leonardo González

La represión de Maduro no distingue edades. Así quedó evidenciado en el capítulo de Nunca Jamás en Venezuela, Heridas de Represión. Y, de igual forma, queda comprobado, en Fallecidos por protestar. En Valencia, también murió un venezolano de 49 años de edad. Se trata de Leonardo González.

Leonardo González Barret fue asesinado un jueves 27 de julio del 2017, fecha en la que se realizó el segundo Paro Nacional convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Ese día estaba protestando junto a unos vecinos en las adyacencias de la Avenida Valencia del Municipio Naguanagua, estado Carabobo. Al poco tiempo fueron sorprendidos por un grupo de 30 PoliCarabobo (Policía Regional). Leonardo se subió a su carro e inmediatamente fue perseguido.

En dicha persecución el vehículo recibió, de acuerdo a los informes técnicos, un aproximado de 26 impactos de bala. Una de estas alcanzó la espalda de Leonardo mientras el carro circulaba.

“Al verse herido se baja del vehículo y pide ayuda a los funcionarios. Pero esta le fue negada por todos los que se encontraban en el lugar. Él caminó hasta la acera más cercana, se sentó y falleció ante la mirada indiferente de todos los funcionarios. La causa del fallecimiento, según el informe forense, es shock hipovolémico debido a hemorragia interna y externa ocasionado por el impacto de bala”, describió Olga.

El 16 de agosto es el aniversario de boda de Olga y Leonardo. Su celebración siempre consistía en disfrutar de un paseo a la playa, broncearse bajo el sol y  bañarse en el mar. Esta tradición surge, luego de que el también llamado «Doctor Cotillón» preparó el matrimonio en la playa, en Tucacas, en el 2012. Desde ese entonces no había discusión de cómo celebrarían esta fecha por el resto de sus vidas. Sin embargo, a este compromiso les tocó el «hasta que la muerte los separe» más temprano de lo que imaginaban.

La playa es él único lugar que Olga no ha podido visitar desde el fallecimiento de su esposo, pero está convencida de que pronto tendrá las fuerzas para hacerlo. Mismas fuerzas que la han impulsado a crear una fundación con el nombre de su pareja cuya misión es llevar alimentos a instituciones psiquiátricas y ancianatos más necesitados en Valencia.

La relación de Olga y Leonardo era una muy alegre, solidaria, detallista y lo más valioso para ella, una relación madura. Ambos provenían de otras nupcias sin éxito, lo que Olga considera influyó en la mentalidad de cada uno con respecto a la concepción de lo que debe ser un compromiso. Ella, introvertida, Él, un popular echador de broma. Doce años tenían compartiendo como pareja en los que Olga siempre lo describía como su «príncipe azul» y Leonardo respondía que ella era «su regalo de Dios». Era un hombre que todos los 14 de febrero la despertaba con una sonrisa y la casa cubierta de corazones de papel.

Miguel Castillo

Otro echador de broma, aunque más joven, era Miguel Castillo. «¡Hola, llegué!» Gritaba con energía cada vez que entraba por la puerta de su hogar. «Pura bulla y desorden», así lo describe su madre, Carmen Elena Bracho. Cuenta que, además de ser su hijo menor, era su compañero, el que la acompañaba a esas diligencias que regularmente al resto de los hermanos les da pereza. Junto a Miguel iba al supermercado y cocinaban, especialmente panquecas, una de sus recetas favoritas.

A pesar de que era el pequeño de la familia buscaba la protección tanto de su madre como de su hermana, Luisa Elena.

“Sus amigos siempre me dicen la hermanita de Miguel. Él me decía la chiqui. Y por ejemplo, a mi mamá, la sostenía de la mano cada vez que cruzaban la calle. Ese era Miguel”, recuerda Luisa Castillo, hermana de Miguel.

El 10 de mayo del 2017 correspondiente a la marcha «La Constitución es mi Escudo», Miguel le dijo a su madre: «Todos los días salgo mamá, y todos los días regreso. Hoy también voy a regresar». Sin embargo, la próxima vez que ella lo vio fue en la Policlínica Las Mercedes, en Caracas. Para esa fecha, funcionarios del Estado reprimieron a jóvenes desarmados que intentaban protegerse con escudos rudimentarios de fabricación casera. Entre las acciones represivas que arrojó a más de 150 heridos, resultó fallecido Miguel Fernando Castillo Bracho en la avenida principal de Las Mercedes.

En el informe que Luisa Castillo entregó a la Organización de Estados Americanos (OEA) explica que la arremetida castrense de ese día estuvo caracterizada por el accionar de armas de fuego tipo escopetas «cargadas con municiones adulteradas y el disparo de objetos no convencionales -Canicas, tuercas, tornillos, clavos, trozos de vidrios, entre otros – en contra de los manifestantes, siendo impactado Miguel Castillo por un proyectil metálico de forma esférica en su región torácica, impactando y alojándose en el ventrículo izquierdo del corazón, lo que devino en un shock hipovolémico y su deceso antes de ingresar a la Policlínica Las Mercedes».

Este caso se mantiene impune, a pesar de que Luisa Elena cuenta en ese informe que el despacho Fiscal Centésimo Vigésimo Sexto (126) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, pudo practicar y recabar, aproximadamente, treinta elementos de convicción, que permiten concluir que el disparo fatal que cegó la vida de Miguel Fernando Castillo Bracho provino directamente de la autopista Francisco Fajardo; y que, en ese lugar para el momento, únicamente se encontraban funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

Miguel Castillo estaba decidido en su lucha por una Venezuela democrática. En diciembre del 2016 le dijo a su mamá: «Si yo tengo que morir por Venezuela, voy a morir por Venezuela, pero Venezuela va a ser libre». Lo que no sabía Carmen Bracho era que «se estaba decretando su muerte». Desde el asesinato de su hijo la casa se le ha hecho grande. «Se siente vacía, me sobra casa», apunta.

Recuerda que el día en que Miguel nació, luego de haber tenido la experiencia de dos pérdidas, le pidió a Dios que le diera el regalo de ver a su hijo graduarse como profesional. «Creo que papa Dios me entendió mal, se lo llevó muy rápido», comenta.

Fanático del deporte y el cine. Tenía 27 años y acababa de culminar sus estudios en la Universidad Santa María. Este era Miguel Castillo cuando ejecutaron las armas contra él. Semanas antes de la marcha de los «escuderos», Miguel le pidió a su hermana que le ayudará a pintar la siete estrellas de su bandera de Venezuela. Ahora, es ella quien lleva esta bandera en cada protesta donde escribió: «Hermanito, seguimos tu lucha. Te quiero mucho».

Juan Pablo Pernalete

Los familiares de las víctimas solo les queda continuar la lucha de aquellos que ya no están, de aquellos que asesinaron. Elvira Pernalete y José Gregorio Pernalete son parte de este grupo luego de que un Guardia Nacional Bolivariano (GNB) le arrebató la vida a su único hijo, Juan Pablo Pernalete.

“No solo asesinaron su espíritu y eliminaron sus sueños y aspiraciones. También acabaron con los de nosotros. Queríamos ser abuelos, era lo que más queríamos. Ya eso no será posible. Queríamos ver a Juan Pablo realizarse, graduarse, casarse. El día que lo asesinaron, nos mataron a nosotros. Estamos muertos por dentro”, dicen Elvira y José Gregorio.

Juan Pablo era un chico que no le interesaba manifestar los actos bondadosos que hacía en su rutina diaria. Luego de su fallecimiento los padres conocieron a profundidad esa buena voluntad de su hijo. «Sus zapatos de básquet nos decía que los vendía pero, luego nos enteramos que los regalaba a todos aquellos que no podían comprarse uno», narra la señora Pernalete, «era el vivo ejemplo del coloquial refrán ‘lo que hace la mano izquierda, no tiene que saberlo la derecha'», agrega.

Humilde y generoso, así era Juan Pablo. Si su mamá le decía, «vente hijo vamos a comprarte un refresco», él respondía «¿Y ellos?», observando a distintos venezolanos comiendo de la basura. Elvira confiesa que a veces le preocupaba tanta bondad de su hijo y le advertía que tenía que estar atento con aquellas personas crueles que no pensaban como él.

Esa misma generosidad fue su motor para salir a las calles en el 2017. «Mamá es que los chamos me dicen que no tienen nada que comer. Si ellos protestan, yo también tengo que hacerlo, Protestar no es un delito», recuerda Elvira entre una de las tantas conversaciones que tuvo con su hijo.

En la investigaciones realizadas por el Ministerio Público  se determinó de manera técnica, científica y criminalística y pronunciándose de manera oficial el 24 de Mayo del 2017 la Fiscal Luisa Ortega Díaz, que Juan Pablo Pernalete Llovera, quien el 26 de abril del 2017 salió a manifestar con un grupo de estudiantes universitario y amigos, fue asesinado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

«Nuestro intachable hijo fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena que golpeó el lado izquierdo de su pecho; disparado con un lanzador (escopeta o carabina ) de cartuchos lacrimógenos en ángulo recto de noventa grado (90); a una distancia aproximada de 10 a 15 metros», especifican los padres en un informe que han presentado ante instancias internacionales.

El informe médico explica que la causa de su muerte fue por un shock cardiogénico; contusión cardíaca, traumatismo cerrado del tórax en la región precordial. Hasta la fecha, el titular de la acción penal no ha logrado individualizar al militar del referido componente castrense.

«Desde la ejecución extrajudicial de Juan Pablo, hemos acudido frecuentemente al Ministerio Publico solicitando las actuaciones de ese despacho para la individualización del Guardia Nacional que asesinó a nuestro hijo. Desde que fue impuesto Tareck Williams Sabb en el Ministerio Publico por la Asamblea Nacional Constituyente, se paralizaron totalmente las investigaciones. La Fiscal 62 que llevaba la investigación, desde la noche del asesinato de nuestro hijo, fue removida y no asignaron a más nadie», cuenta la señora Pernalete.

Todas los días a las cuatro de la tarde Juan Pablo salía con su madre cerca de su casa para pasear a sus seis perros. En esas caminatas, ella escuchaba las distintas metas que tenía su hijo.

«El profe que nos enseñaba a driblar se murió», «héroe»o valiente» es lo que escucha ahora en las calles. Elvira no sabe si es casualidad pero, en el día de los inocentes, el 28 de diciembre, nació Juan Pablo Pernalete, quien tendría 22 años en el presente.

Jairo Ortiz

Este texto culmina con quien fue la primera figura que advirtió lo que sería la oleada de represión en los meses de protestas del 2017. Jairo Ortiz, de 19 años para ese entonces, fue el primer asesinado por cuerpos de seguridad del Estado el 6 de abril de 2017.

Un poco antes de las 10 de la noche, Jairo se encontraba en medio de una protesta a pocos metros de su casa, en la Urbanización Montaña Alta, en Colinas de Carrizal, estado Miranda.

“Rechazaban el mal desempeño gubernamental de Nicolás Maduro, la violación de éste a la Constitución de la República y las constantes injusticias que sufren miles de venezolanos”, dice su tía, Karina Bustamante.

Mientras, su amigo Alexander Sirit, cuenta que ese día Jairo estaba realizando los trámites para irse del país y, como en otras oportunidades, recibió obstáculos y trabas por parte los entes responsables, así que la rabia e histeria lo impulsaron protestar para exigir sus derechos.

«Tocó la puerta de mi casa y me dijo que lo acompañara», cuenta Alezandes. Los agentes policiales del Estado que llegaron al lugar, entre ellos la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), reprimían con gases lacrimógenos a los manifestantes.

«Un funcionario de la PNB, de nombre Rohenluis Leonel Mata Rojas se dirigió con determinación a ciertas personas que protestaban y, deliberadamente, apuntó directamente hacia ellos a 50 metros de distancia. Bajo este accionar murió Jairo Johan», describe Karina Bustamante. Su muerte fue instantánea luego de recibir un disparo en el corazón.

Callado y amante del café. En los próximos días vería a su madre, quien vive en Aruba. Así era Jairo Ortiz cuando lo asesinaron. «Parece una pesadilla de la que nunca nos vamos a despertar», comenta Bustamante.

Sirit recuerda que a su compañero se le cae la gorra y, luego cae de rodillas al piso. Al principio, pensó que se había tropezado. En primera instancia, nunca imaginó que su amigo de infancia estaba muerto.

Esa misma noche el funcionario fue detenido y trasladado ante los organismos del El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Al día siguiente de los hechos, el ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz, Nestor Reverol confirmó la responsabilidad del efectivo policial sobre el asesinato del joven.

No obstante, desde ese entonces, esperan por la audiencia preliminar. Entre los diversos cargos que se le imputó al responsable está el homicidio calificado con alevosía. Presuntamente el acusado está en retén de Yare III, pero los familiares de Jairo lo dudan, ya que no le permiten corroborarlo ni tampoco les dan certezas. 

Se ha producido una pausa durante el proceso del juicio debido a que la defensa presentó una apelación, no reconociendo la culpabilidad del acusado, lo que implicó un retardo en el proceso. Ahora, la familia de Jairo debe esperar a que el tribunal analice las causas expuestas por la defensa. Así han transcurrido dos años.

Fallecidos por Protestar forma parte de la serie documental Nunca Jamás en Venezuela que narra las historias de víctimas de la dictadura en los últimos 20 años. El otro capitulo, Heridas de Represión, publicado en Infobae la semana pasada, cuenta la historia de personas que resultaron lesionadas tras el uso abusivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado. Por otro lado, el tercer y último capítulo mostrará la realidad de los presos políticos en el país.

Este proyecto audiovisual fue realizado con el apoyo de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza. No existe institución en Venezuela ni medios de comunicación que permita mostrar estas historias. Como en cualquier dictadura, se ha impuesto la censura. Un Mundo Sin Mordaza mantiene la idea de que la protesta pacífica posee mayor alcance e impacto en la población cuando se utiliza el arte como medio de expresión. Con Nunca Jamás en Venezuela se busca rescatar la sensibilidad de los venezolanos, así como encontrar empatía de otras naciones con respecto a la crisis social y política que vive Venezuela.

Primer capítulo de Nunca Jamás en Venezuela: Heridas de la represión.

Texto: Claudia Smolansky.

Fotos: Juan Vicente Manrique.

Documental: Claudia Smolansky y Juan Vicente Manrique.

 

 

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