Cristina Kirchner, al lado de su letrado Carlos Beraldi (fotografía AFP)
Cristina Kirchner, al lado de su letrado Carlos Beraldi (fotografía AFP)

Finalmente esta mañana el Tribunal Oral Federal dos dio inicio al primer juicio oral contra Cristina Kirchner, ex- funcionarios de su gobierno y Lázaro Báez, acusados por supuesto fraude a la Administración Pública a causa de la concentración de obras viales a favor del empresario patagónico.

En una audiencia colmada, que aun forzó a que se habilitase otra sala anexa para el público, el proceso empezó con la presencia de la ex- líder, quien se sentó tras los ex- funcionarios Julio De Vido, José López y el dueño de Austral Construcciones.

La primera jornada estuvo dedicada a dar lectura a una parte de las acusaciones. Estas mantienen que Néstor y Cristina Kirchner, desde la cima del Poder Ejecutivo, fabricaron a un empresario amigo, como Báez y lo enriquecieron «durante doce años a cargo del interés de la sociedad» mientras que «escogieron a la provincia de Santa Cruz como el sitio en donde con la cooperación de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción».

Oscar Parrilli, unos de los líderes kirchneristas que estuvo en Comodoro Py (fotografía Maximiliano Luna)
Oscar Parrilli, unos de los líderes kirchneristas que estuvo en Comodoro Py (fotografía Maximiliano Luna)

Los secretarios del Tribunal Oral Federal dos leyeron la oración y Cristina Kirchner lo escuchó desde la última fila del salón de los acusados. Fue solo uno de los parágrafos de las prácticamente seiscientos páginas en donde la fiscalía, al cargo de Gerardo Pollicita y Ignacio Mahiques, solicitaron llevarla al juicio oral que el día de hoy encara, al lado del ex- ministro de Planificación De Vido, a Baez, el cuñado de su marido Carlos Santiago Kirchner y el ahora arrepentido en el caso cuadernos José López. No es una pieza nueva en el expediente, mas la formalidad demanda su lectura al comienzo del discute oral.

«La acusación fiscal se halla enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilegal de carácter estable y permanente concebida con ocasión de un pacto de voluntades entre los ex- presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex- funcionarios públicos de diferentes agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada basándonos en una división de papeles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida de manera ininterrumpida durante más de doce años, destinada a cometer múltiples delitos para substraer y apoderarse ilegítimamente y deliberadamente de millonarios fondos públicos», mantuvo la fiscalía.

El empresario Lázaro Báez y el ex- ministro Julio De Vido (fotografía Adrián Escandar)
El empresario Lázaro Báez y el ex- ministro Julio De Vido (fotografía Adrián Escandar)

Y se añadió: «Para conseguir substraer los fondos del Estado, los miembros de esta asociación, entre otro planes delictivos, eligieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para conseguir el dinero del Tesoro Nacional; transformaron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien deberían enriquecer durante doce años a cargo del interés de la sociedad; escogieron a la provincia de Santa Cruz como el sitio en donde con la cooperación de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción; y acordaron producir un éxito progresivo y permanente del plan delictivo concertando consecutivos proyectos perjudiciales para hacerse ilícitamente de los fondos públicos».

fotografía JUAN MABROMATA / AFP
foto JUAN MABROMATA / AFP

Para la Fiscalía, la maniobra se construyó en 4 pilares: «1) la inmersión del amigo y asociado presidencial en el negocio de la construcción vial; dos) la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional; tres) la mayor concentración económica de obra pública vial de este país en la provincia de Santa Cruz; y cuatro) el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanentes a favor del empresario Lázaro Báez, en menoscabo de las arcas del Estado».

En palabras del Ministerio Público, Lázaro fue de este modo «ungido como el receptor de este enriquecimiento exponencial y mareante, no tenía ningún antecedente en el negocio de la construcción vial y que su inmersión en esta actividad se debió a que Néstor Kirchner y Cristina Fernández lo pusieron como el adjudicatario de todo el esquema de corrupción que montarían» en torno a la obra pública vial.

«Néstor y Cristina Kirchner no solo diseñaron el plan tendiente al favorecimiento del empresario amigo de la familia, con el que sostenían estrechos vínculos económicos, sino además de esto, con el fin que su propósito se realizara sin resquicios, pusieron en los lugares clave a personas que sabían que participarían de esta empresa delincuente y controlarían desde sus cargos en el Poder Ejecutivo Nacional a los funcionarios de menor grado de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Agencia de Vialidad de la provincia de Santa Cruz».

Según se apuntó, «los elementos de prueba reseñados dejan en claro que Lázaro Báez no tenía ninguna empresa constructora ni se dedicaba a dicha actividad, lo que deja mantener que la participación del nombrado en esta maniobra no se debió a su experticia en el rubro de la construcción. Mas si a ello se le añade la acreditación de un vínculo personal y de extrema confianza que une a Lázaro Báez con Néstor y Cristina Kirchner, es posible terminar que la colocación de una persona próxima como adjudicatario inmediato de la maniobra tuvo al fin que quienes diseñaron la maniobra pudiesen asegurarse y supervisar el destino del dinero que sustraerían ilegítimamente del Tesoro Nacional».

Los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita
Los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita

Los inculpadores de la instrucción sostuvieron: «La maniobra orquestada nunca hubiese sido posible sin que desde la Presidencia de la Nación, primero Néstor Kirchner y después Cristina Fernández, tomaran la resolución política de favorecer a la provincia de Santa Cruz con inversiones millonarias en obra pública vial y dotasen por diferentes medios de fondos a la Dirección Nacional de Vialidad con la intención de que aquella pudiese abonar sus obligaciones, las que entonces el resto miembros de la organización se ocupaban de hacer llegar a las compañías del Conjunto Báez».

El dictamen añadió: «No resulta azaroso que la provincia de Santa Cruz fuera la jurisdicción en la que se ejecutó, esto es en la que el Estado pagó, la mayor cantidad de dinero en obra pública vial, como tampoco es coincidencia que dicha provincia, entonces de la ciudad de Buenos Aires, fuera por lejos la provincia en la que el Estado Nacional licitó la mayor cantidad de dinero en obras.»

Otro de los puntos sostenidos por el Ministerio Publico hizo hincapié en que «múltiples de las compañías del Conjunto Báez participaban como ofertantes en un mismo proceso licitatorio, con propuestas que mostraban una escasa diferencia en su cotización en favor de aquella que estaba preseleccionada para ganar». Conforme se mantuvo, «esta maniobra, aparte de simular la repartición de toda la obra pública en múltiples empresas —a través de la alternancia en las adjudicaciones—, serviría como herramienta para monopolizar la obra vial, imponer el monto deseado en la contratación y direccionar la fortuna de los procesos licitatorios».

Con un extenso repaso, los fiscales aseguraron «el esquema de beneficios exclusivos a favor de Lázaro Báez no se limitó solamente al proceso de adjudicación, sino asimismo se extendió en la etapa de ejecución de las obras, en donde se comprobó una ausencia total y deliberada de control en la marcha de las obras viales de forma interesada adjudicadas».

Quedó de esta manera subrayado que existió un «incumplimiento sistemático, reiterado y permanente en los plazos de contratación y en la entrega de las obras terminadas» en donde solo se concluyeron 2 de cinco obras viales adjudicadas al Conjunto Báez en el tiempo previsto en el contrato y, pese a los doce años pasados, solo se acabaron veintiseis de esas cinco obras adjudicadas.

Los inculpadores hicieron hincapié en que ninguno de los funcionarios intervinientes del Ministerio de Planificación o bien la Dirección de Vialidad tomaron cartas en el tema «ni intervino para pesquisar por qué razón la obra se extendía indefinidamente y se retrasaba pese a que el Estado Nacional le destinaba copiosos fondos todos los años, no solo a través del presupuesto aprobado por el Congreso sino más bien a través de reasignaciones siguientes vía decreto de necesidad y emergencia o bien resoluciones ministeriales».

«Esta continua resolución de adjudicar obras a las compañías incumplidoras formaba una parte del plan concebido desde el Poder Ejecutivo Nacional y respondía a la matriz de corrupción desarrollada en favor de Lázaro Báez«, se agregó. «Si nos llevásemos con lo que cada uno de ellos de los encausados aseguró, absolutamente nadie tenía a su cargo el control real de las obras viales de Santa Cruz, lo que es claramente un contrasentido y muestra de qué forma, de verdad, nos hallamos en frente de una maniobra a través de la que la excesiva celeridad de los tiempos de adjudicación a Báez dejó conocer que los diferentes funcionarios no ejercitaban un control y examen real sino formalizaban en el expediente su resolución anterior de conceder obra pública vial al empresario amigo y asociado comercial de la ex- familia presidencial».

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